EL CASO CLEVER JIMENEZ Y LA CIDH

Cléver Jiménez
Cléver Jiménez
Por José Ramón Alvarez

Nueva York.- Cumpliendo el compromiso adquirido, a cambio de ser nombrada jueza de la Corte Nacional de Justicia, la jueza Lucy Blacio ratificó la sentencia a 18 meses de prisión contra el asambleísta Cléver Jiménez y dos de sus asesores.

Un juicio viciado de nulidad desde el principio, porque se lo inició sin haber retirado, previamente, la inmunidad parlamentaria de Jiménez. Probablemente, los cien y más alzamanos hubiesen votado contra el asambleista, obedeciendo las órdenes del Ejecutivo, pero es una cuestión de principio. Debió existir la autorización previa de la Asamblea. En definitiva, el juicio carece de legitimidad.

Para recordarle al lector, la Sra. Blacio es la misma jueza que llegó a la Corte Nacional gracias a una viciada asignación de puntajes. En la etapa de méritos académicos se ubicó en el puesto 45 para una corte de 21 jueces. Luego recibió 9.9 sobre 10, en la entrevista personal, subiendo al puesto 21. Justo donde Rafael Correa la necesitaba. Un juez más con capacidad de obediencia en la corte correísta que controla el mandatario.

El caso ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el asambleísta Andrés Páez y corroborado en su informe final por el veedor internacional Baltazar Garzón, designado por el mandatario. Correa se declara ciego, sordo y mudo ante las denuncias y deja de ejercer su calidad de insultador sabatino, cuando Páez le recuerda la conformación de su corte corrupta. Mientras tanto, Blacio cumple con su trabajo: obedecer las órdenes del ejecutivo.

Con toda seguridad el equipo de aduladores del presidente estará preparando un juicio contra el asambleísta Páez por denunciar al país y al mundo la verdad, expresión que, según el nuevo diccionario correísta significa difamación e injuria.

Ante tanta falta de independencia de la justicia y una vez agotadas las instancias nacionales, la defensa de Jiménez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para evitar que el denunciante sea encarcelado.

La CIDH no se hizo esperar. Son tantas las claras violaciones al debido proceso que el dia Martes 25 de Marzo emitió un pedido al gobierno ecuatoriano recomendando y solicitando la aplicación de medidas cautelares.

Como se suponía, el presidente y sus secuaces saltaron. Tanto el Canciller Patiño, como el Vice Canciller, el Procurador del Estado y el presidente de la Corte Nacional Correísta le negaron atribuciones a la CIDH para aplicar el pedido.

Es que no podía ser de otra forma. Todo el problema se inició ante el pedido de Jiménez a la fiscalía de investigar las declaraciones del Presidente Correa de haber sido secuestrado el famoso 30-S. Naturalmente que todos iban a obedecer la orden del presidente. Ninguno tiene la independencia para decir la verdad. Reciben órdenes de Carondelet.

Además nadie se atreve a contradecir al Presidente Correa al declararse víctima de secuestro. No quieren seguir la suerte del Coronel Carrión quien pasó 20 meses en la cárcel — a pesar de haber sido declarado inocente en tres oportunidades — por haber declarado a la TV la verdad del 30-S. …. Que Correa no estuvo secuestrado.

Hasta empleados del gobierno saben que no hubo secuestro. Que el incidente fue producto de la imprudencia del mandatario. Pero el miedo los obliga a callar. Incluso algunos asambleístas saben, que en el juicio a Jiménez, se ha violado la constitución permitiendo el enjuiciamiento de un legislador sin antes retirarle la inmunidad parlamentaria. Pero tienen miedo de ser sancionados, por una orden presidencial, al igual que sucedió con las tres asambleístas que se atrevieron a expresar su opinión con respeto al aborto.

Como la CIDH no se arrodilló ante Correa, éste le niega el derecho a sugerir las medidas cautelares. Aquí aparece el característico doble discurso. El gobierno correísta en Diciembre del 2011 solicitó a la CIDH medidas cautelares en el caso Serrano; pero ahora en el 2014 el mismo equipo: Presidente, Ministros, Procurador, Corte Nacional, alega que la CIDH no tiene facultades para dictar medidas cautelares porque Ecuador es un Estado Soberano. Entonces ….¿no eramos soberanos en el 2011 ?

Las sanciones contra Jiménez y sus asesores, según la Corte Nacional Correísta, son por injurias contra el presidente Correa. Entonces, Rafael Correa puede injuriar a todo ciudadano que piensa diferente sin poder ser sancionado. Adicionalmente, antes que injurias, …. ¿No será más grave mentirle al pueblo ecuatoriano, diciendo que fue secuestrtado? …. Aquí viene la pregunta que se estará haciendo todo lector con alguna capacidad de razonamiento. … ¿Decir la verdad es “injuriar” a alguien?…. quizás únicamente según el nuevo diccionario de la lengua correísta creado y editado por Alianza País.

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2 comentarios sobre «EL CASO CLEVER JIMENEZ Y LA CIDH»

  1. A nadie le disgusta la verdad, por el contrario esperamos que siempre sean las cosas frontales, pero no solo cuando nos vemos inmerso en el problema, querer hacer creer que es inocente. Si en verdad este señor Jimènez es inocente de cree que lo que èl acusa al Señor Rafaèl Correa, de un autosecuestro, lo que debe hacer es llevar las pruebas condenatorias y demostrarlas al pùblico, y no solo decir y decir sin fundamento, cosas que ni èl mismo cree. Hablar es fàcil pero demostrarlo es difìcil.

    1. En un país en donde tienen secuestrada la justicia, en donde se criminaliza a quien el tirano le da la gana, en donde los jueces son corruptos y vendidos, en donde la última palabra la tiene el cuentero mentiroso de carondelet.

      ¿A quién quieren ustedes adoctrinar, si todo el mundo sabe la mierda que nos gobierna? ¿A quién?

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